La Iglesia e invasiones a la propiedad

+C. Oswaldo Azuaje Pérez, OCD

Obispo Auxiliar de Maracaibo

Nos preocupa como iglesia lo que vemos y padecemos en estos  tiempos con las invasiones a la propiedad privada. La doctrina social de la iglesia nos señala que “la propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social. La doctrina social de la iglesia postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual, de manera de covertirse todos, al menos en cierta medida en propietarios y excluye el recurso a formas de posesión indivisa para todos” (Compendio de DSI, 176).

La función social de la propiedad está sujeta a las normativas constitucionales y legales por ellas reguladas. No puede atropellarse de ningún modo un derecho defendido taxativamente por nuestra constitución  nacional: "Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general" (a. 99).  Mientras, el código civil señala en su artículo 545 que "la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley”. El código civil dispone que "tampoco pueden servir de fundamento a la adquisición de la posesión legítima, los actos violentos ni los clandestinos..." (a. 777). Otro artículo del mismo establece que "nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, ni a permitir que otros hagan uso de ella, sino por causa de utilidad pública o social, mediante juicio contradictorio e indemnización previa"(a.547)

Las invasiones son un delito de orden público, por ello en el código penal se establecen una serie de sanciones para quienes se apropien de un terreno o inmueble:   “... quien para apropiarse en todo o en parte una cosa inmueble de ajena pertenencia o para sacar provecho de ella, promueva o altere sus linderos, será castigado con prisión de uno o cinco años...” (a. 471), “... quien con el propósito de obtener para si o para un tercero, provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechurías ajenos, incurrirá a prisión de cinco a diez años y multa de 50 U.T., a 200 U.T...” (a. 471), “... todas aquellas personas que utilizando la violencia perturben la posesión pacífica que se tenga de bienes inmuebles con prisión de uno a dos años y multa de 50 U.T. a 100 U.T” (a. 472).

Me perdonan este exceso de leyes. No soy abogado y estoy escribiendo un editorial, pero como ciudadano tengo derecho a exigir el cumplimiento de la ley. La ley está subordinada al bien de todos y cada uno de los ciudadanos, ella vela por el bien común y está para que la cumplamos sin distinción. El cumplimiento de la ley es un principio básico de toda convivencia que sustenta la relación social. Es garantía de la armonía de una sociedad y el más claro indicio de su madurez ciudadana. Las leyes pueden cambiar cuando existe el consenso entre los que conforman, sin exclusión, el tejido social. Es deber de las legítimas autoridades facilitar los cambios requeridos por la ciudadanía en orden a mejorar las leyes. Las autoridades instrumentan el cumplimiento de la ley y deben ser sus más inmediatas defensoras.

El magisterio de la iglesia detenta un formidable record de reflexiones fundamentadas en su experiencia secular de lo social. En días pasados en nuestra arquidiócesis realizamos la sexta semana de doctrina social de la Iglesia,  conscientes como somos del aporte de la doctrina social en este momento histórico de crisis económica y social mundial. La doctrina social es una luz, un llamado a retomar los valores del evangelio centrados en el amor, la justicia, la solidaridad, el respeto, la paz, la educación y muchos valores más.

A la luz de los principios expresados, no puedo callar ante la ola de invasiones que nos ha afectado en el Zulia. Este comportamiento anárquico, que considero condenable aún con conocimiento de la crisis aguda de vivienda, ha caído como un mazazo sobre las propiedades de la iglesia y los terrenos donde hay incipientes obras eclesiales de beneficio para la comunidad y para su servicio religioso. Tenemos  invasiones en los terrenos del seminario arquidiocesano, en los terrenos de El Roble adyacentes al prescolar Pompeya, en el terreno de la capillita San Agustín (en construcción en el 24 de julio), en el terreno destinado a templo, casa parroquial y salones en El Caujaro. También ha habido serios intentos de invasión en el antiguo edificio del Diario La Columna.

La solución a los problemas que nos aquejan como sociedad pasa por el diálogo pacífico y respetuoso. Hay una bienaventuranza que nos inspira en contra de la violencia: “dichosos los constructores de la paz”. Y a ella se añade un mandamiento: “no codiciarás los bienes ajenos”. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice: “este mandamiento exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena, y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos”. La iglesia en su misión de evangelización no se pertenece a sí misma, es de todos y para todos. Por eso requiere de los espacios propios y de los medios necesarios para la legítima realización del mandato del Señor: vayan y evangelicen a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago un llamado al pueblo de Dios para que con espíritu pacífico, apoyado en su amor por la iglesia de la que es parte, defienda con acciones y oraciones la justa reivindicación que la arquidiócesis de Maracaibo hace de sus espacios físicos. Con la colaboración de todos lograremos realizar los proyectos que actualmente están en curso y que se ven afectados por la penuria económica. Finalmente exhortamos a las autoridades para que velen por el cumplimiento de la ley y para que se busquen soluciones que impidan el irrespeto a la propiedad.