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La reciente
reunión entre los directivos de la Conferencia Episcopal Venezolana y una
representación gubernamental del más alto nivel, suscitó no pocos comentarios y
unos cuantos rumores. Resultó también extraña, dada la ruptura de puentes producida por el sector oficial hace casi diez años.
En la agenda normal de las asambleas
ordinarias del Episcopado se contempla, desde décadas, un tiempo para la visita
de un alto funcionario del Gobierno (antes era el Ministro de Justicia y
Cultos), con el fin de intercambiar sobre asuntos de interés común. A partir de
1999 ese espacio comenzó a estar vacío, hasta que la intercomunicación se
rompió por completo. A esto se añade que peticiones también escritas para una
audiencia presidencial no recibieron respuesta. Con la reunión de Mayo se ha
restablecido una comunicación, que esperamos, continúe. El país no gana nada
con ruptura de puentes. Los miembros de la Iglesia son simultáneamente
ciudadanos del Estado venezolano y postulan que sus representantes se
entiendan, al menos, en cuestiones fundamentales-límite. Para no decir que
desean una regular colaboración mutua en cuestiones beneficiosas para todos.
Algún periodista
ha dicho que dicha reunión habría constituido un apaciguamiento de la Iglesia,
impuesto por Roma y debido a motivos
financieros. Esta afirmación, aparte de ser totalmente falsa, revela un
tratamiento light y completamente
desinformado de la cuestión. Estimo que la Iglesia, y concretamente, los obispos, necesitan
críticas serias, con fundamento, las cuales pueden también conducir, en casos,
a cambios que mejoren actitudes o comportamientos de los pastores. En efecto,
la Iglesia, que peregrina en y con la historia, no puede considerarse ni autosuficiente
ni como comunidad perfecta. Pero no
ayudan a su mejoramiento y conversión infundios como los mencionados. De paso
no estaría de más agregar, a propósito de
este tipo de reuniones, que, a menos darse una grave justificada razón
en contrario, conviene o se necesita una información autorizada , veraz y
oportuna, a la opinión pública, sobre las mismas, pues no hay nada más
contraproducente que el “secretismo” en tales casos.
Intercambiar,
dialogar, no significa ni “apaciguar”,
ni “apaciguarse”; tampoco, renunciar a las propias identidades y convicciones.
Implica sí entrar en comunicación para iniciar o mejorar el mutuo conocimiento,
entenderse en puntos que puedan disminuir tensiones y lograr acuerdos:
progresar en verdad y bondad. El bien común ha de ser horizonte hacia el cual
se encaminen los encuentros. El diálogo supone pluralidad y polifonía. Cerrarse
a la comunicación sería renunciar a la condición más propia de un ser, como el
humano, que se define como ser para la comunicación
y la comunión. Al fin y al cabo –creemos los cristianos- Dios, primer
principio y fin supremo de todo, es Amor (ver 1Jn4, 8), comunicación, comunión.
Para la Iglesia el diálogo es, desde tiempos del Vaticano II, algo no sólo
bueno sino obligante e irreversible. Lo explicitó Juan Pablo II a propósito del
Ecumenismo y en máxima apertura interreligiosa
e interhumana.
Con respecto a
un encuentro Episcopado-Gobierno en Venezuela, realista, fundado en la verdad y
tendiente al logro de acuerdos
beneficiosos para el país, no sobra recordar la línea del proyecto
político-ideológico oficial, a saber, socialista de corte marxista, como se
autoidentifica el “Socialismo Siglo XXI”. Con ocasión de la propuesta de
reforma constitucional sometida a referéndum en 2007 sobre la implantación de
un “Estado Socialista” en Venezuela, el Episcopado tomó una posición firme y
clara. La expresó en la exhortación Llamados
a vivir en libertad. Allí, como conclusión, leemos lo siguiente:
-la
proposición de un “Estado Socialista” es contraria a principios fundamentales
de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado.
-la
propuesta de Reforma excluye a sectores políticos y sociales del país, que no
estén de acuerdo con el Estado Socialista, restringe las libertades y
representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos.
-por
cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema
democrático y de la persona poniendo en peligro la libertad y la convivencia
social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia.
Esa fue y es la
posición de la Conferencia Episcopal Venezolana. El verbo lo uso aquí también
en indicativo, por cuanto lo que se propuso entonces y fue rechazado, se ha
venido de facto implementando; más aún, para la próxima jornada electoral del 7
de Octubre se plantea como propósito, de parte oficial, la profundización de su socialismo.
Recuerdo esta
posición del Episcopado para subrayar, precisamente por las hondas diferencias
existentes y ante eventuales situaciones críticas que se puedan presentar en
relación al 7-0, la conveniencia y
necesidad de reuniones como la que es materia de estas líneas. Y también para
salir al paso de consejas periodísticas sobre crematísticos apaciguamientos.
Estoy seguro de que
la gran mayoría de los venezolanos espera la continuación de la reunión de Mayo
en otras y con otros (sectores políticos y sociales en general). Resulta plausible, en este sentido, que al
día siguiente de reunirse con el gobierno, el Episcopado hizo lo mismo con el
candidato presidencial de la oposición.
