sábado, 9 de noviembre de 2013

Habilitante: Conflicto y Consenso

Dr. Homero Pérez Aranaga
Tomado del periódico “Venezuela al Día”
Miami, Florida, Noviembre 01 de 2013
Desde cuando fue formulada por Montesquieu la tesis de la separación de los poderes públicos en su célebre obra: “El Espíritu de las Leyes”, en el siglo XVIII, se ha establecido que todo poder político, especialmente en una democracia, debe ser equilibrado en su acción por otro poder igual de fuerte y capaz, para generar así una dinámica de revisión recíproca y equilibrio entre los poderes públicos esenciales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta dinámica, promovería la creatividad, justicia y eficiencia a nivel político y prevendría el abuso de algún poder sobre los otros y la ciudadanía.

En este contexto, en una democracia, se asume que el poder ejecutivo ante circunstancias de emergencia o catástrofe pueda tomar decisiones, dentro de un marco claramente establecido de atribuciones y rendición de cuentas ante el poder legislativo, para enfrentar en sus causas y efectos las circunstancias de emergencia o catástrofe que se presentasen. Igualmente se asume, que este poder especial otorgado es por el menor tiempo posible para solventar la situación expuesta.

En Venezuela, el caudillismo, centralismo y la hiperdependencia de la vida nacional de la renta petrolera como elementos seculares de nuestra evolución histórica, promueven un inmenso desequilibrio permanente entre los poderes públicos, donde el Poder Ejecutivo, especialmente la Presidencia de la República, emerge como un súper poder que en la dinámica política, promueve situaciones de abuso y desequilibrio que corrompen el necesario equilibrio entre los poderes públicos con terribles consecuencias de inestabilidad política y social.

En efecto, desde 1974, cuando Carlos Andrés Pérez, con una sólida victoria en las elecciones presidenciales y holgada mayoría parlamentaria y un inmenso superávit fiscal y presupuestario, solicitó poderes especiales, “Para manejar la abundancia con criterio de escases”, se desato en la vida política de Venezuela un descarado proceso de culto a la personalidad del caudillo, por parte de las clases políticas y la sociedad civil (salvo honrosas excepciones), que promovió desde 1974 hasta el 2013, el que todos los presidentes de Venezuela, con la excepción de Luis Herrera Campins, en situaciones de emergencia o por simple vanidad personal o necesidad de fortalecimiento de imagen, han solicitado y obtenido la habilitación de poderes especiales con precarios o nulos efectos en la solución de los graves problemas del País.

En el presente, Nicolás Maduro, ejerciendo una Presidencia de la República severamente cuestionada en su legitimidad de origen y también de desempeño, ha solicitado el 08/10/13 la habilitación de poderes especiales durante un año, ante la holgada mayoría parlamentaria que posee, para enfrentar la corrupción y dotar a Venezuela de una nueva base ética y un nuevo modelo económico socialista. Ante su crisis de legitimidad y la terrible realidad económica y social que enfrenta de inflación desatada, desabastecimiento y destrucción de la capacidad productiva nacional, Nicolás Maduro adopta la clásica postura de la Venezuela caudillista: Asumir que el híperPresidente tiene la solución de la crisis y practicar la famosa tesis Freudiana de la traslación de la culpa.

La culpa de la crisis venezolana, la tiene el capitalismo y la corrupción promovida por la burguesía derechista (Exposición de Motivos), no el modelo político económico centralista, caudillista, e híper dependiente del petróleo, que tiene atada a Venezuela a una severa crisis política, económica y social desde 1983 y que ha sido llevada a su máxima expresión en estos 14 años a partir de 1999, con el uso y abuso a plenitud del caudillismo, el centralismo, y la dependencia de la renta petrolera, los tres grandes promotores del anti desarrollo y anti democracia en Venezuela.

La crisis terminal que imponen a Venezuela estas circunstancias reclamaen esencia, un gran liderazgo del Estado y la Sociedad Civil que promueva el diálogo y el consenso y no el conflicto. Esta es la gran oportunidad y encrucijada histórica de Nicolás Maduro: Ser el promotor de un gran consenso nacional para el cambio democrático, político, económico y social, o entramparse en el dogmatismo y la ineficiencia de las premisas del socialismo del siglo XXI.

Culpar al capitalismo de los problemas de Venezuela, cuando el gran capitalista es el Estado venezolano que produce el barril de petróleo a un costo promedio entre 10 y 14 dólares el barril y lo vende a más de 100 dólares, con una ganancia de 90 dólares por barril (1000%) y culpar también al sector privado cuando la persecución y las expropiaciones han provocado el cierre de más del 50% de las empresas comerciales e industriales del País, expresan una notoria incapacidad, para evaluar racionalmente las circunstancias de espacio y tiempo que confrontamos como nación y el ser rehén de posturas dogmáticas y prejuicios que nos condenan al desperdicio de las fortalezas y oportunidades de Venezuela.

Pretender convencer a los venezolanos que desde el súper poder presidencial se va a generar una nueva ética y un nuevo modelo económico es una simple demostración de subdesarrollo político. Un cambio político, económico, institucional y de valores como el que exige Venezuela debe ser en esencia una expresión de la energía existencial de toda la nación a través de una gran jornada de dialogo, consenso y voluntad política.

Después de 30 años de crisis, desde 1983, el desafió del liderazgo público y privado venezolano, es evitar que se cumpla la sentencia del gran sociólogo Wilfredo Pareto de que la historia es el cementerio de las élites a quienes la ambición y la vanidad, transformó en oligarquías insensibles que fueron arrasadas por la dinámica política, económica y social. Venezuela como nación, tiene un inmenso potencial material y humano el cual reclama un gran consenso que promueva la plenitud democrática y el desarrollo integral. Ojalá, no desperdiciemos esta oportunidad, para promover la gran capacidad de emprendimiento y deseos de progreso y bienestar que tenemos todos los venezolanos.

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